Desde su entrada en vigencia –a las 00 horas del 8 de junio- la ley de Responsabilidad Penal Juvenil ha estado cargada de polémica. Es que para los sectores más liberales de la población la posibilidad de enjuiciar a los menores de 18 años representa un atropello a los Derechos Humanos; para otros, principalmente para quienes han sido víctimas de delitos, el marco legal representa un logro, ya que se podrá llevar a la cárcel a personas que, con pleno discernimiento, cometen crímenes.
En su parte medular la reforma penal asegura la cobertura, en cada región, de centros especializados cerrados y semicerrados, donde los menores serán sometidos a políticas de rehabilitación.
En su parte medular la reforma penal asegura la cobertura, en cada región, de centros especializados cerrados y semicerrados, donde los menores serán sometidos a políticas de rehabilitación.
El modus operandi de la ley establece que la administración de estos lugares estará a cargo del Sename, y de instituciones privadas, en casos específicos que se establezcan convenios con la entidad estatal.
El nuevo sistema considera como penas prestación de servicios comunitarios, la internación en régimen cerrado o semicerrado, la libertad asistida, la reparación del daño causado, multas y amonestaciones.
El espíritu de la ley pone especial énfasis en la reinserción, normalización educativa, capacitación laboral y rehabilitación de las adicciones de los jóvenes que sean imputados de un delito.
La ley establece penas máximas que sean considerados culpables por tribunales: Cinco años para quienes estén entre 14 y 15 años y 10 para quienes tengan entre 16 y 17.
A continuación usted encontrará los puntos de vista de expertos, juristas y gente ligada a la administración de justicia en torno a la ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Todo un panorama que busca informar y dar a conocer qué pasa en Chile. ¿Es posible detener el delito juvenil con cárcel? La discusión parece tener puntos diametralmente distintos. Por el momento, en todo el país menores enfrentar el aparato judicial del mundo de los adultos en un sistema pena que claramente no está preparado y que para muchos representan la verdadera escuela del delito.
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